ARTÍCULOS DE DERECHO - ICA - PERÚ

PERMUTA

Escrito por icajuridica 04-09-2012 en General. Comentarios (0)

En mi condición de Fiscal Provincial Penal en la provincia de Ica (Cercado de Ica) deseo realizar una permuta en el Distrito Judicial de Arequipa o Tacna. Por favor comunicarse al RPC 986684357 O RPC 966712996.

Atte.

Angel Mendoza Supo

Fecha 04-09-2012

REDUCCIÓN DE PENAS EN EL NCPP

Escrito por icajuridica 18-06-2012 en General. Comentarios (0)

Los cuadros que se publican son una herramienta para realizar el cálculo de la pena concreta en los casos de imputados que se acojan a beneficios por confesión sincera, terminación anticipada y conclusión de juicio.

 

Buena suerte.

 

Angel Alberto Mendoza Supo

Fiscal Provincial Penal

Celular Claro (RPC)  986 684357

 

Haz clic en el enlace.

http://icajuridica.blogspot.es/img/cuadrospenal.pdf

INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA

Escrito por icajuridica 30-01-2011 en General. Comentarios (0)

INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

 

 

A                                Dr. EDMUNDO PELÁEZ BARDALES.

                                    Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Asunto                      Informe de Organización del Trabajo.

 

Referencia                Ley Nº 29277 –Ley de la Carrera Judicial

Reglamento del Proceso de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público.

            Resolución Nº 635-2009-CNM.

 

Fecha                        26 de marzo de 2010.

 

 

 

            Me honro en informar por ante su Despacho respecto a la organización de trabajo adoptado por el despacho fiscal durante el año 2010 en cumplimiento al artículo 26 del Reglamento del Proceso de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público aprobado mediante Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº635-2009-CNM.

 

            Los parámetros para la elaboración del presente Informe de evaluación se han tomado de la página web del Consejo Nacional de la Magistratura[1]  donde se especifica como indicadores de la organización del trabajo los siguientes aspectos:

 

1. Los procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos.

2. Registro y control de la información.

3. Manejo de expedientes, denuncias y archivo.

4. Atención a los usuarios.

5. Capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades, planes y programas que se hubieran establecido.

 

Previo al desarrollo de cada uno de estos temas –indicadores- se hace conocer al Consejo los datos generales del informante y el estado situacional del Órgano fiscal en el cual el suscrito ha desempeñado el cargo de Fiscal Adjunto Provincial Penal.

 

 

A.  DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

 

Nombre                       : Angel Alberto

Apellidos                     : Mendoza Supo

Cargo                          : Fiscal Adjunto Provincial

Especialidad                : Penal

Fecha de Ingreso        : 18 de marzo de 2005

Correo Electrónico      : angelmendozasupo@hotmail.com

 

B. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

 

Entidad                        : Ministerio Público.

Distrito Judicial                        : Distrito Judicial de Ica [2].

Órgano Fiscal              : Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica – Segundo Despacho de Adecuación.

Dirección                     : Calle Callao 406 – Cercado de Ica; temporalmente se trasladó a la Calle Callao 212 y se tiene conocimiento que el 10-02-2011 se realizará al local propio ubicado en la Carretera Panamericana Sur Km.303.

Teléfono                     : 225514.

Jurisdicción                 : Cercado de Ica

Distrito de Salas – Guadalupe

Distrito de Subtanjalla

Distrito de San Juan Bautista

Distrito de Pueblo Nuevo

Distrito de Tate

Distrito de Santiago

Distrito de Ocucaje

Distrito de los Aquijes

Distrito de Rosario de Yauca

 

 

C.    ESTADO SITUACIONAL DEL ÓRGANO FISCAL

 

Denominación             : Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica – Segundo Despacho de Adecuación.

Personal a cargo         : Compuesto de 1 Fiscal Provincial y 2 Fiscales Adjuntos, 03 Asistentes un Función Fiscal y 01 Asistente Administrativo.

           

 

D.    DESARROLLO DE LOS RUBROS A SER EVALUADOS

 

Resulta necesario indicar que los rubros a informar serán de los periodos siguientes y de los Despachos que se detallan:

 

Segundo Despacho de Adecuación - Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica (Periodo 01-01-2010 al 24-07-2010 y nuevamente del 01-01-2011 a la fecha)

Segundo Despacho de Decisión Temprana – Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica – Apoyo (25-07-2010 al 31-12-2010)

 

 Durante el periodo que se estuvo de apoyo a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica el Despacho Fiscal realizó turnos y asumió casos propios de Despachos de Investigación hasta su culminación.

 

 

            D.1. Procedimientos de trabajo que hayan sido establecidos.

 

En los Despachos de Adecuación debido a que la función primordial era la de resolver las investigaciones que debían adecuarse y tramitarse bajo las normas del nuevo Código Procesal Penal se adoptaron los siguientes procedimientos internos del Despacho Fiscal, ello en razón a que siendo un nuevo diseño corporativo las decisiones no necesariamente tenían que ser por imposición del Fiscal Provincial, sino del consenso de todos los que conforman el equipo de trabajo, en este punto creemos que si hubo entre nosotros consenso porque hasta en la actualidad mantenemos nuestra forma de trabajo y nos da resultados y así puede confrontarse con los indicadores de eficiencia registrados en el Sistema de Gestión Fiscal.

 

-       Decidimos que en principio todos los integrantes del Despacho Fiscal son un equipo y cuando se requiere el apoyo de todos para el proceso de investigación o solución de un caso complejo o importante todo el equipo se reúne y apoya en la solución.

-       Hemos acordado que las carga procesal que se tenía sería repartido por los tres fiscales y si de la carga asignada existía un caso complejo o importante se debatía el caso con las opiniones de todos, evaluando cada detalle.

-       Se acordó que al existir tres asistentes en función fiscal, cada fiscal debía contar con un asistente en función fiscal y la regla general es que el Asistente en Función Fiscal debía realizar su labor principal de generar las cedulas de notificación y proyectar los oficios, excepcionalmente apoyar en la recepción de declaraciones o proyectar disposiciones o providencias. Se sentó conciencia en la mala praxis que existían en los Juzgados con el anterior sistema, creemos que el Fiscal debe recibir las declaraciones y demás actos de investigación porque le será más fácil resolver el caso; lo contrario es ir aventurarse a ganar un caso.

-       Se impartió reglas a los asistentes para que cada requerimiento que se haga a las partes sea con el fin de obtener una prueba, debe cooperar con el Fiscal para que se consiga esa prueba.

-       El caso complejo o importante es debatido como se hace en los estudios jurídicos.

-       Se intenta resolver los casos a penas el sistema lo marca con amarillo y no esperar que llegue a rojo porque hace que se bajen los indicadores de eficiencia y eficacia.

-       Se impartió a los Asistentes en Función Fiscal que se lleve un control de las Audiencias programas por los Juzgados y que la carpeta fiscal sea puesto un día antes a disposición fiscal para su estudio y si se trata de un caso fuerte, el caso se comenta días antes.

-       Se dispuso que los escritos se resuelven en el día si es posible o al día siguiente, en este aspecto cabe precisar que no hay muchos escritos porque supongo que la Fiscalía al programar las diligencias señalan todas las posibles.

-       Un detalle importante es que hemos acordado que las investigaciones se lleven a cabo en Sede Fiscal y no en sede policial, esta posición se adoptó porque se han visto casos que no obstante estar vigente el nuevo modelo y los plazos de diligencias preliminares son de 20 días, lamentablemente la Policía no cumple su deber, pesamos que falta trabajar en ello a nivel institucional.

-       En los turnos si el caso se trataba de un caso de hallazgo de drogas o con banda, lo mejor era que los tres fiscales se constituían al lugar de los hechos y agotar con toda la labor de investigación y se ha visto casos en que ante la escasa preparación de la Policía, el Fiscal sustentaba su requerimiento de prisión con las actas que él levanto, teniendo la infortunada experiencia que el informe policial llegó pasada las 24 horas de detención.

-       Cada Fiscal señala el horario de sus diligencias, en mi caso normalmente durante la mañana desde las 7:30 horas hasta las 12:00 horas me dedico a resolver; Luego señalo Audiencias de Principio de Oportunidad o Acuerdos Reparatorios o declaraciones que requieren sumo análisis y a partir de las 14:00 horas señalo diligencias en las que sé que voy a desarrollarlas rápidamente como algunas declaraciones de casos simples, o declaraciones de testigos de oídas o de referencia; y a las 15:00 horas en adelantes inspecciones fiscales, cuando se cruzan los horarios con las Audiencias del Juzgado cualquiera de los Fiscales apoya en la diligencia.

-       En las Audiencias por el momento cuando son importantes los tres Fiscales acudimos y luego analizamos en el Despacho Fiscal los aciertos y desaciertos.

 

 

D.2. Registro y Control de la Información.

 

En el anterior sistema existían los libros RUDEX donde se consignaba manualmente toda la información concerniente a una investigación. Hoy en día es una gran apoyo el Nuevo Sistema de Gestión Fiscal, es un sistema informático, propiamente una base de datos que te permite saber el seguimiento detallado de cada caso por etapas; esta base de datos es alimentada diariamente con las diligencias que se realizan en los Despachos Fiscales y permite también el control de los plazos, permite saber el estado actual de cada carpeta fiscal.

 

 

A partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en Ica ha cambiado todo el sistema anterior; el sistema informático (SGF) controla los plazos en cada etapa, es decir en la investigación preliminar, en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia, en la etapa de juzgamiento y en la etapa de ejecución.

 

Se tiene un mejor control en las investigaciones; el sistema registra no solo el número de la acusación, o disposición que se emite; sino que también permite visualizar el contenido; sin embargo también se presentan algunas deficiencias y que superarlas ayudaría a la labor fiscal; creemos que el sistema no sólo debería controlar el plazo señalando una luz verde, amarilla o rojo; sino que te arroje los días transcurridos o que te indique los días que falten por vencer. Que el sistema arroje carátulas y que pueda permitir imprimirlos  en cualquier momento; que el sistema sea más rápido porque para ingresar la información demora demasiado y si se  suman los tiempos que se invierten en cada caso los plazos no alcanzan; el sistema debería arrojar el formato de la disposición o providencia como por ejemplo los aspectos que siempre se repiten como el número de caso, las partes, el delito, hasta el logo de la institución; esto ahorraría minutos de trabajo y quizá segundos, pero sumados en un año; cuenta horas hombre. Asimismo es importante el uso de la agenda pero con un sistema lento no alcanzaría el tiempo.

 

Adicionalmente en mi caso, poseo un libro agenda donde programo mis diligencias y sobre todo las Audiencias y se resalta con lapicero de tinta roja consignando la fecha, el lugar donde se llevará a cabo la Audiencia, en esto me asiste el Asistente en Función Fiscal que me colabora conociendo el caso al igual que yo en lo posible y esto me permite tener un control personal y además cuento en la computadora una copia de todas las diligencias que realizo de la carpeta fiscal, esto es personal, pero me facilita el trabajo porque en la mayoría de los casos se utilizan plantillas como las que hemos señalado y que el sistema no lo diseña.

 

D.3. Manejo de expedientes, denuncias y archivo.

 

A nivel del Despacho Fiscal las carpetas fiscales según las directivas de la Fiscalía de la Nación es de responsabilidad del Asistente en Función Fiscal, pero en la práctica el responsable es el Fiscal, es por eso que el Fiscal coordina con el Asistente para que la carpeta fiscal sea conservada en el ambiente del Despacho Fiscal pero clasificándolos por etapas como las carpetas que están en diligencias preliminares, las formalizadas, las que están en la etapa intermedia, las que están en juzgamiento y los de ejecución.

 

Este manejo de las carpetas fiscales nos permite una fácil de ubicación de las carpetas y al mismo un mejor seguimiento.

 

En relación a las denuncias el manejo y reparto de las mismas se encuentra a cargo del Señor Fiscal Coordinador que por semana reparte a cada Fiscal un promedio de 15 a 20 denuncias nuevas.

 

Es en este rubro es donde tanto mi persona como otros Fiscales solicitaron que el reparto de las nuevas denuncias sea en forma aleatoria porque evita direccionamientos de las mismas, en muchos casos los repartos de casos importantes o complejos era simplemente porque determinado Fiscal discrepaba de las ideas o por perjudicar la labor del Fiscal, tal es el caso que se ha cuestionado en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica que el Coordinador por naturaleza debía ejercer función en un Despacho de Investigación, sin embargo estaba en un Despacho de Decisión Temprana; igualmente evidenciar desproporción en el reparto porque no se puede explicar de como el Fiscal Coordinador tiene cerca de 700 carpetas asignadas mientras que otros Fiscales por casi igual tiempo de gestión tienen 300 carpetas o 500 carpetas.

En cuanto al archivo y esto a nivel de las Fiscalías Corporativas debe procurarse optimizarse dándole las facultades al Jefe  para que pueda expedir copias fotostáticas. Pienso que hacía falta una dependencia de archivo que acumule todos los casos que fueron archivados por la Fiscalía donde de manera ordenada y por cada Despacho Fiscal se acumule la carga procesal pasiva de todas las dependencias; creemos que puede superarse el diseño otorgándoles al Jefe de la unidad o quien esté a cargo facultades para poder expedir copias fotostáticas de los casos, sean certificadas o simples previo pago de una tasa. [3]Un claro ejemplo es lo que sucedió en el Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

 

D.4. Atención a los usuarios.

 

En el Despacho Fiscal hemos adoptado que la atención tanto al usuario interno como externo se optimo por las razones siguientes. En cuanto a los usuarios internos que básicamente son el personal administrativo que labora con nosotros su apoyo en las labores propias del Despacho Fiscal por tanto el clima laboral donde se desarrolla la función consideramos que es la adecuada, todo problema que surge internamente se brinda una solución razonada y acorde a los fines institucionales.

 

En cuanto al usuario externo que vienen a ser los usuarios de justicia, el público en general, no existe en principio restricción u horario determinado para la presentación de escritos, entrevistas con los Fiscales, el trato es amable y cortés. El Despacho Fiscal tiene como política supervisar dichos aspectos por las consideraciones siguientes:

 

Al Fiscal no le conviene restringir horarios o atenciones al público o entrevistas porque sabe que cada persona que asistes a conversar con el Fiscal en muchas ocasiones le proporciona información valiosa y que a veces no estaba considerada.

 

En cuanto a las entrevistas a los señores Abogados de igual modo y somos de la idea que es mejor saber todos los detalles y que mejor si te proporcionan las mismas partes en la etapa previa al Juzgamiento porque si se hace lo contrario estamos seguros que encontraremos sorpresas en la etapa estelar.

 

En cuanto a la comodidad al público usuario se le proporciona un espacio equipado con dos escritorios y sillas para facilitar la revisión de la carpeta y si tiene la necesidad de requerirse de copias de la carpeta se le expide de inmediato. En las entrevistas con los Señores Fiscales el trato es directo en forma personal proporcionándole la comodidad respectiva para que pueda expresarse ante cualquier duda, consulta relacionado al trámite de la carpeta fiscal.

 

D.5. Capacidad para analizar y verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades, planes y que se hubieran establecido.

 

Bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal ha facilitado esta tarea de analizar, verificar el desarrollo y grado de ejecución de las actividades y planes que se hubieran  establecidos; porque se tiene un sistema informático que controla todos esos aspectos y es posible verificarse en días, meses y años verificando indicadores de gestión como eficiencias, eficacia, producción.

 

No obstante lo señalado el Despacho Fiscal cada 15 días al final de cada mes se preocupa por culminar con el trámite de las carpetas fiscales descargando en el sistema con la finalidad de que se eleve el indicador de eficiencia y eficacia, somos conscientes que estos indicadores diferencian el trabajo de cada Fiscal, de cada Despacho Fiscal, de cada Fiscalía Corporativa y anualmente existe un bono por productividad que este año ascendía a la suma de S/.4,000.00 nuevos soles para cada personal fiscal y administrativo y se otorga a la Fiscalía que cumplió con los objetivos; bono que en el año 2010 ha obtenido los señores Fiscales de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Ica del cual soy parte.[4]

 

Por último queremos anotar que la capacidad de toda gestión se mide en sus resultados, lo que se consigue a través de un buen clima laboral una buena cultura organizacional, una buena imagen en la Institución y un cambio en la forma de pensar en los que integran la institución y la opinión del público. Estos aspectos son tomados en cuenta en el Despacho Fiscal y que se es tarea diaria de nosotros mantener su vigencia.

 

            Este es el informe que hago llegar ante su Despacho con el debido respeto y consideración.

 

            Respetuosamente.

 

                                                                       Angel Alberto Mendoza Supo

Fiscal Adjunto Provincial Penal


                                                                                  Ica, 30 de julio de 2011.

 

Señor Doctor:

Dr. EDMUNDO PELÁEZ BARDALES.

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

 

Lima.-

 

            Asunto: Informe de Organización del Trabajo.

            Es honroso dirigirme ante usted, con la finalidad de hacer llegar por ante su Despacho el informe de organización de trabajo correspondiente al año 2010 perteneciente al fiscal que a continuación se detalla conforme a forma de presentación:

            Nombre del Fiscal       : ANGEL ALBERTO MENDOZA SUPO

            Título actual     CNM    : Fiscal Adjunto Provincial en lo Penal de Ica, Distrito Judicial de Ica.

Cargos                        : Fiscal Adjunto Provincial Penal en Despacho de Adecuación y Decisión Temprana.

Cumpliendo con remitir el informe en mención acompañando un CD, que de usted.

Respetuosamente,



[1]              http://www.cnm.gob.pe/cnm/index.php?option=com_content&task=view&id=861&Itemid=68

[2]              http://www.mpfn.gob.pe/distrito_judicial/index.php?dj=ica

[3]              Un claro ejemplo es lo que sucedió en la Corte Superior de Arequipa donde  la Presidencia por los años 2003 o 2004 dispuso que el sistema de archivo se debía reorganizar y se encargó a una persona como Jefe de Archivo, específicamente al Señor Abogado Yuri Zegarra Calderón –actualmente Magistrado-  y este señor organizó el archivo físicamente y los registró en un sistema informático que hacía fácil su ubicación  y convirtió lo que antes era un nido de ratas en un ambiente limpio y seguro; era una cosa admirable.

[4]                En esta página web aparece alguno de los indicadores de los que hicimos referencia. http://icajuridica.blogspot.es/i2011-01/

PRISIÓN PREVENTIVA EN FALTAS

Escrito por icajuridica 24-11-2010 en General. Comentarios (0)

http://icajuridica.blogspot.es/img/PresoMakur.jpg

 

PRISIÓN PREVENTIVA EN FALTAS

CONTRA EL PATRIMONIO

Ángel Alberto Mendoza Supo1

El título del artículo definitivamente llamará la atención a nuestros lectores y estoy seguro que invitará al debate tal como recientemente estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa realizaron en sus claustros universitarios2; con este preámbulo quiero abordar un tema bastante comentado, pero que aún sigue en franco debate en algunos distritos judiciales3 y en otros aún están perfilando e intentando asumir alguna postura.

Se trata del elemento cuantificador en los delitos de hurto -y daños-, elemento característico del bien mueble, sabemos que todo bien mueble o cosa tiene dos características que son la corporeidad y el valor4; así considerado, nuestros legisladores han establecido al hurto simple como uno de los tantos tipos penales que protegen el bien jurídico patrimonio; es decir, que ese bien jurídico patrimonio protegido al ser vulnerado, merece la protección del Estado en la medida que por criterios de política criminal han de merecer determinada sanción penal, entendiendo que dentro de estos criterios de merecimiento de pena existe la posibilidad de considerarse a determinados bienes insignificantes, que si bien admite que el accionar del agente es contrario al ordenamiento jurídico, sin embargo no lesiona el bien jurídico como infracción penal; nos estamos refiriendo al “principio de insignificancia”5, esta figura en nuestro medio no es tan conocida, pero que se ha visto meridianamente en casos de drogas, al respecto consideramos que es una propuesta de aplicación de un criterio que va acorde con los principios penales de mínima intervención, racionalidad, proporcionalidad y lesividad.

Podríamos considerar que nuestros legisladores tenieron en cuenta el principio de insignificancia al regular el Art. 444 del C.P. estableciendo que sólo debe considerarse delito de hurto cuando el bien sustraído supere una remuneración mínima vital y por política criminal sólo considerarlo como faltas contra el patrimonio6 y sancionar dicha conducta con una pena benigna cuya competencia está destinada a un Juzgado de Paz.

Creemos que si tuvieron en cuenta y aparentemente no se vislumbra problema alguno; sin embargo, con un ejemplo trataremos de introducirnos en un tema escabroso y complicado: “Juan Pipo y su amigo Jorge Pino se dirigen al recientemente inaugurado supermercado Plaza Vea en Ica y al observar los diversos productos que están en exhibición se percatan de billeteras de cuero guante que están valorizadas en S/.45.00 nuevos soles, no tienen dinero y se retiran del local; retornan en la noche con la finalidad de sustraer una billetera para cada uno y proceden a coger las billeteras, pero cuando están saliendo del local comercial son descubiertos y se dan a la fuga con las billeteras”.

En el ejemplo graficamos un problema que a diario se suscita en la vida cotidiana; las personas de Jorge Pino y Juan Pipo habrían cometido una falta contra el patrimonio, un hurto simple o un hurto agravado. Para los que dicen que habrían cometido el delito de hurto agravado previsto y penado por el Art. 186 del C.P., durante la noche y mediante el concurso de dos o más personas, estarían considerando al delito de hurto agravado como un tipo penal autónomo, es decir sin concordarlo con el Art. 185 del C.P. que contiene los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, contiene los elementos constitutivos del delito de hurto simple. En este caso somos de la opinión que habría una afectación al principio de legalidad, lesividad, proporcionalidad e insignificancia.

Para los que necesariamente no consideran que el Art. 186 del C.P., sea un tipo penal autónomo porque no contiene la descripción típica del hurto simple y debe concordarse con el Art. 185 del C.P. son de la idea que primero debe verificarse que se haya configurado el delito de hurto simple y que la conducta desplegada por el que infringe la ley al sustraer un bien cuyo valor supera una remuneración mínima vital es una conducta desvalorada y al ejecutarse en las circunstancias que establece los supuestos del Art. 186 del C.P. dicha conducta es aún más desvalorada y merecedora de una mayor sanción penal. Esta postura consideramos que está acorde con los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad e insignificancia.

Y una tercera opción, que no la hemos considerado sería la de faltas contra el patrimonio agravadas y es la más peligrosa porque en estricto al parecer se viene aplicando en muchos casos y bastantes personas estarían purgando condenas por conductas que en realidad no eran delitos y que si podrían definirse que son faltas contra el patrimonio agravadas concordando el Art. 444 del C.P. con el Art. 186 del C.P., concordancia que podría efectuarse porque no existe mayor diferencia y la norma es genérica y no específica.

Particularmente creemos que en un Estado Democrático de Derecho vigente, antes de imponer sanciones debemos tener en cuenta los principios de legalidad y el de tipicidad, no es razonable simplemente que una conducta por más contraria que esté al ordenamiento jurídico sea sancionada sin que previamente esté determinada en la ley -tipo penal-, lo contrario sería dejar de lado los esfuerzos realizados por juristas y estudiosos del derecho que a través de la historia se han consolidado en teorias como la teoría del delito, de las penas, de las medidas de seguridad entre otros; qué pensaría Ernst Von Beling7 de su creación y observar que el tipo penal dejó de tener esa función de individualización de conductas humanas que son penalmente prohibidas.

Nosotros sabemos que el Art. 185 del Código Penal define al tipo penal de hurto simple con su contenido de elementos subjetivos, descriptivos y normativos, en sí se aprecia que describe una conducta que para el ciudadano común le permite entender, comprender y motivarse en la norma. Esa descripción de conducta no se especifica en el Art. 186 del C.P., que básicamente contiene circunstancias cuyas penas son mayores, apreciándose que escuetamente hace mención al término “hurto” que puede ser la descripción que hace el Art. 185 o el Art. 444 del acotado código; estas ambigüedades a criterio de nosotros consideramos que colisionan con el principio de legalidad y tipicidad.

El legislador ha establecido como condición objetiva de punibilidad el elemento cuantificador –valor- tanto para el delito de hurto como para la falta contra el patrimonio considerando una remuneración como mínimo para considerar la conducta como delito; así para sancionar un hurto como falta el Juez de Paz evaluará en principio que la conducta desplegada es la que describe el Art. 185 del C. P. – esto por expresa referencia del Art. 444- luego que no exista causas de justificación o una causa de inculpabilidad y que la conducta le sea reprochable, posteriormente evaluará si existe alguna condición objetiva de punibilidad; lo mismo hará un fiscal o un juez analizando la conducta estratificadamente pero al percatarse que el bien sustraído no supera una remuneración mínima vital derivará los actuados por no ser de su competencia.

Luego una vez superado el análisis de la conducta y considerar que está ajustada al tipo penal recién se podrá evaluar las circunstancias que la ley ha convenido por establecer una sanción más elevada que la conducta típica por considerarse aún más grave. El hecho de considerarse como un tipo penal el Art. 186 del C.P., no solo afecta los principios antes señalados sino se está poniendo de moda cada vez más en algunos colegas aplicar penas sólo por las circunstancias.

Hemos dicho que se está poniendo de moda, porque en la práctica se dan los siguientes casos por ejemplo: en el delito de omisión a la asistencia familiar previsto por el Art. 149 del Código Penal, hemos tenido casos que se han denunciado por el segundo párrafo del dicho artículo, es decir una persona que ha renunciado a su trabajo pero que cumple con los alimentos con sus hijos; aquí también creemos que al ser una agravante debe concurrir con el primer párrafo que describe la conducta. Otro ejemplo en el caso de los delitos de lesiones culposas hay quienes señalan que si el conductor ebrio de un vehículo atropelló a una persona y causó lesiones al estar conduciendo en dicha situación de por sí ya estaría ante la figura de lesiones culposas agravadas; o sea la agravante condiciona la descripción típica, creemos que no es así; en este mismo caso, que pasa si la lesión sólo cuantifica 25 días de incapacidad médico legal o atención facultativa que según nuestra ley es de ejercicio privado, en este caso sería acción pública para los partidarios que prefieren la agravante sin considerar el tipo básico.

Cuál es la solución, deberían regularse las faltas contra el patrimonio agravadas, debería derogarse la cuantía o el valor como condición objetiva de punibilidad, debería modificarse el Art. 186 del C.P., y para que sea más explícito y convertirlo en un verdadero tipo penal agregando en la descripción típica lo que a continuación detallamos: “El agente será reprimido con pena… si la conducta prevista por el art. 185 es cometida..”.

En la legislación comparada también existen posiciones diversas, por ejemplo en la legislación ecuatoriana llama la atención la conducta de calificar como hurto agravado el hecho de hurtar un bien de poco valor a una persona necesitada o miserable, fijémonos aquí que se toma en cuenta el valor de las cosas hurtadas y sanciona desde un mes a tres años de prisión. En la legislación costaricense se aprecia que cuidan en su redacción y tienen en cuenta el principio de legalidad y tipicidad de un modo más garantista que otras legislaciones al utilizar términos de apoderamiento y sustraído en cada articulado haciendo referencia al bien sustraído dándole realce al valor de las cosas.8


En la jurisprudencia peruana existe un antecedente en que Vocales Supremos no se pusieron de acuerdo respecto a la condición objetiva de punibilidad y por mayoría se definió que el Art. 186 del C.P., no es un tipo penal autónomo y consideraron que debe concordarse necesariamente con el Art. 185 del acotado código, es decir el bien sustraído debe ser superior a una remuneración mínima vital y a partir de ahí agravar la figura por cualquier circunstancia del Art. 186.9



A manera de conclusión, pienso que como estamos ahora según nuestra legislación vigente debemos concordar el Art. 186 del C.P., con el Art. 185 de lo contrario estaríamos afectando principios elementales del derecho penal y garantías mínimas que la Constitución Politica del Estado reconoce a todo ciudadano. La otra salida para superar el incidente podría intentarse una modificación legislativa y agregar la descripción de la conducta en el Art. 186 del C.P.; y por último eliminar la cuantía como condición objetiva de punibilidad o en su defecto bajar la cuantía del bien a sumas menores que una remuneración mínima vital, sino no tendría sentido el hurto ejecutado por tres personas que para determinadas personas son insignificantes pero para el campesino o persona de escaso recurso es significante.




1Fiscal Adjunto Provincial del Distrito Judicial de Ica.


2http://cisma.contranaturas.com. Debate estudiantil “Es la cuantía un elemento típico del hurto agravado”. Arequipa, 19 de noviembre de 2010.


3CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI; Acuerdo plenario jurisdiccional distrital en materia penal 2009; sobre aplicación de la cuantía como elemento constitutivo del delito de hurto agravado, donde por mayoría ganó la posición N°2 que necesariamente tenía que configurarse el tipo base tomando en cuenta la cuantía.


4 DONNA EDGARDO, Alberto;Derecho Penal parte Especial; Pág. 35.

5Alcances típicos de la insignificancia: http://www.iestudiospenales.com.ar/parte-general/jurisprudencia-nac-y-prov/196-alcances-tipicos-de-la-insignificancia-.html


6 Art. 444 del Código Penal Peruano. El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido…

7Ernst Von Beling; creador de la teoría del tipo.


8Código Penal de Costa Rica:

ARTÍCULO 208.- Hurto simple. Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, siempre que no se trate de la contravención prevista en el inciso 1) del artículo 388.

ARTÍCULO 209.- Hurto agravado. Se aplicará prisión de tres meses a tres años, si el valor de lo sustraído no excede de cinco veces el salario base, y de uno a diez años, si fuere mayor de esa suma, en los siguientes casos:

1.- Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de corral, productos o elementos que se encuentren en uso para explotación agropecuaria.

2.- Si fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, de una conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado.

3.- Si se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida.

4.- Si fuere de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehículos o en los estacionamientos o terminales de las empresas de transportes.

5.- Si fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.

6.- Si fuere de cosas de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren estén destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas, o librados a la confianza pública.

7.- Si fuere cometido por tres o más personas.

ARTÍCULO 210.- Hurtos atenuados. Se impondrá prisión de un mes a un año o de diez a sesenta días multa si el hecho consistiere en el apoderamiento de alimentos u objetos de escaso valor para proveer a una necesidad propia o de un familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27.

ARTÍCULO 388.- Hurto menor. A quien se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente



9GACETA PENAL N°10 – MARZO 2010: Corte Suprema de Justicia de la República: Sala Penal Transitoria; P.Q. 865-2006 – TACNA.



USURPACIÓN EN CASA DESHABITADA

Escrito por icajuridica 10-04-2010 en General. Comentarios (8)

USURPACIÓN EN CASA DESHABITADA

 

Autor: Ángel Alberto Mendoza Supo

Fiscal Adjunto (T) Provincial Penal.

 

Uno de los temas bastante debatidos en la jurisprudencia y en el foro nacional es lo relacionado al delito de usurpación; tipo penal previsto por el artículo 202 del Código Penal Peruano cuya descripción típica está ubicada en el Título V de los Delitos Contra el Patrimonio, Capítulo VIII  del delito de Usurpación: “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años… El que,  por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real”.

 

Estadísticamente son innumerables los casos ventilados por el delito de usurpación en Juzgados y Fiscalías Penales y muchos de esos casos se encuentran  pendientes de resolución; casos que apenas se inician con unos cuantos folios pero que al culminarse las investigaciones terminan siendo expedientes voluminosos que de por sí del sólo mirarlos por costumbre se postergaban su resolución. Siempre surgió en mí la interrogante, porque era tan difícil resolver los casos de usurpación; sin embargo revisando diversos autores y analizando legislación comparada, noté que no había tanta complejidad, sino un vació legal. El problema se complica cuando analizamos la figura del despojo que requiere para su configuración el uso de los medios de violencia, amenaza,  engaño o  abuso de confianza.

 

Ahora bien en cuanto al engaño o el abuso de confianza, en la práctica se dan en muy pocos casos, no he visto casos a decir verdad, en la mayoría de las veces siempre el medio utilizado es la amenaza, violencia o las dos cosas, pero aquí nace otro detalle aún más debatido y es precisamente el objeto de nuestro análisis.  La violencia es sobre la persona, o también es sobre la cosa; se puede amenazar también a la cosa. Estos son aspectos que en la jurisprudencia nacional no han tomado en cuenta; aunque no parezca, sería de mucha ayuda definir y establecer criterios uniformes, ayudaría a descongestionar los miles de procesos penales e investigaciones que están pendientes de resolverse y evitarse también interpretaciones antojadizas del tipo penal en mención, como las que se presentan en la práctica  y son utilizados por nuestros colegas abogados.

 

Al respecto un esfuerzo por resolver este problema aconteció en el Distrito Judicial de Moquegua cuando el 21 de junio de 2005[1]  se realizó un Pleno Jurisdiccional Distrital y que luego del debate se aprobó por mayoría, que cuando la violencia se produce sobre la persona del agraviado es clara la existencia de la fuerza empleada por el agente para doblegar a la víctima. Sin embargo, admite que la violencia también puede darse sobre las cosas que posee la víctima aun cuando en el momento del despojo este no se encuentre presente, pues la violencia en estos casos está constituida por los actos que realice el agente para evitar que la víctima recobre su posesión, aún cuando éstos consistan en la intimidación o la amenaza y sostener lo contrario equivaldría a que el agente busque el momento propicio en que la víctima no se encuentre presente para realizar el acto de desposesión con lo cual se produciría la impunidad permanente del delito.

 

En la Jurisprudencia Internacional, navegando por la web encontré un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Costa Rica donde también era de la misma opinión; señalando que la ley no hacía distingo al utilizar el término “violencia” y no se puede dejar de lado que la violencia sobre las cosas no sea considerada.

 

Particularmente no estoy muy de acuerdo con ello, por cuanto existe en juego muchos intereses; pienso que la violencia sólo es con relación a las personas y no en las cosas. Creo que se está forzando la figura penal haciendo uso de una interpretación extensiva del término “violencia”  para que también sea con relación a las cosas con la finalidad de suplir deficiencias normativas o tratar de llenar figuras penales que no se encuentran tipificadas en el Código Penal.

 

Me permito hacer un ejemplo que nos podría ayudar a comprender esta problemática. Qué delito cometería aquella persona que ingresa a una vivienda desocupada, y lo hace por la pared posterior del inmueble y a partir de ese momento empieza a poseerla asegurándola, luego poniéndole chapas de seguridad y de esto se percata el verdadero propietario a los dos meses. No les parece que se asemeja a nuestra realidad nacional, sobre todo a las viviendas construidas por ENACE a nivel nacional que han sido ocupadas en una gran mayoría por personas que no son sus propietarios y que aprovecharon la ausencia del verdadero propietario para ingresar sin necesidad de violentar o amenazar a nadie.

 

Qué es lo que se hace en estos casos, el operador de justicia, el Fiscal o los abogados se van por el extremo y argumentan que hubo amenaza y violencia porque se forzó la chapa y ahí se genera el debate de nunca acabar.  Es ese momento en que empiezan las elucubraciones haciendo interpretaciones extensivas que en forma desmedida quieren hacer calzar, encuadrar la modalidad del despojo con violencia sobre las cosas; de ahí nace todas esas interpretaciones extensivas que consideran a la violencia sobre las cosas, no dándole su verdadero sentido al derecho penal, violándose  principios elementales como el principio de intervención mínima, el carácter fragmentario del derecho penal, el principio de legalidad entre otros. [2]

 

En Argentina existe una modalidad de usurpación que no existe en el Perú y que sería fabuloso si nuestros legisladores intentarán introducirlo en nuestro código punitivo, no solo por la gran cantidad de casos que se dan en la realidad, sino porque contribuiría a los aplicadores del derecho, operadores de justicia, fiscales, abogados a resolver los problemas legales que surgen al interpretar el elemento normativo de la “violencia” que es un elemento constitutivo del delito de usurpación. Me estoy refiriendo a la modalidad de usurpación, despojo- mediante bienes desocupados o deshabitados.

 

El artículo 181 del Código Penal Argentino: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: El que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”. El elemento normativo clandestinidad[3] es definido cuando los actos por los cuales se tomó posesión o continuó, fueron ocultos, o se tomó en ausencia del poseedor o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenía derecho a oponerse.

 

Esa figura penal hace falta en el Perú; estoy seguro que evitaría invasiones, usurpaciones y demás problemas sociales que se originan y todo porque simplemente no existe un tipo penal similar al que existe en la legislación comparada, evitándose también de ese modo interpretaciones extensivas del elemento normativo “violencia” en los delitos de usurpación. Juristas renombrados han analizado el tema y llegan a la conclusión que no existe violencia sobre la cosa y no es posible realizar una interpretación extensiva al término violencia, tales como Francisco Muñoz Conde[4]; cuando señala que en los delitos de usurpación la acción requiere para su tipificación la realización de violencia o intimidación en las personas. Los términos violencia o intimidación deben entenderse igual que en el delito de robo con violencia o intimidación. Es por tanto atípica o constituye otro delito la usurpación empleando fuerza en las cosas (rompiendo la cerca alambrada que rodea la finca, violentando las cerraduras, etc.).

 

Creemos que los alcances expuestos en este artículo pueda contribuir a superar de algún modo el mal uso de interpretaciones extensivas en derecho penal y si lo hacen  ponderen los principios que están en discusión evitando afectarse derechos fundamentales.

 

 

 



[1] Distrito Judicial de Moquegua: Pleno Jurisdiccional Distrital -2005: El Pleno acuerda por mayoría. PRIMERO.- Que en el despojo, la violencia del agente infractor puede ser ejercida contra los bienes o la persona, y que no necesariamente debe encontrarse presente el agraviado para que se configure el delito, pero en este caso la violencia debe darse contra las cosas. Por Unanimidad. SEGUNDO.- Que la tipicidad objetiva del delito de usurpación requiere en el agente infractor la realización de la conducta típica de la violencia o amenaza ejercida sobre la persona o el bien, por tanto si no se ha producido violencia sobre la persona o sobre la cosa no hay delito y en cuanto a la amenaza, por su propia naturaleza requiere la presencia física de la persona. MOTIVOS NO ACOGIDOS POR EL PLENO. Siendo que el elemento objetivo de la usurpación es la violencia, se necesita que el agente anule la resistencia de la víctima, que la doblegue y cuando la acción se realiza contra los bienes, no puede decirse que se ha doblegado la voluntad de resistir.

[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal#Irretroactividad#Irretroactividad

[3] DERECHO PENAL, Parte Especial. Edgardo A. Donna. Tomo II-B Pág. 738.

[4] DERECHO PENAL, Parte Especial. Francisco Muñoz Conde. Págs. 396 y 397.